El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) rechazó suspender la audiencia para evaluar el hábeas corpus que busca la libertad de Keiko Fujimori. De esta manera se confirma la diligencia sobre el caso de la lideresa de Fuerza Popular para este miércoles 25 de setiembre, tal como estaba programada.
José Luis Sárdon sugirió que el recurso presentado por Sachi Fujimori sea revisado por los nuevos integrantes y ya no por los actuales. Uno de sus argumentos fue que “se podría ver mal” que continúen viendo el caso a pesar que el Congreso está próximo a elegir a sus reemplazantes este lunes 30 de setiembre.
Los aún integrantes del TC debatieron la propuesta y la desestimaron con 5 votos en contra y solo 1 a favor de parte del mismo Sardón, según fuentes de La República. Augusto Ferrero Costa decidió en abstención. Por lo que el caso de Keiko Fujmori continuará en manos del organismo con los actuales integrantes.
Por su parte, Eloy Espinosa – Saldaña, miembro del TC, se mostró en contra de la suspensión de la audiencia asegurando que la decisión a tomar, sea favor o en contra, puede darse al día siguiente.
Reiteró que los magistrados deben culminar de resolver los caso que tiene pendientes. Además, exhortó a que el proceso de la designación de los candidatos al TC debe tener un “verdadero debate” para que los nuevos integrantes “tengan los elementos suficientes de juicio”.
Bancadas consideran que Fuerza Popular, bancada mayoritaria del Parlamento, junto a sus aliados políticos pretenden controlar las instituciones públicas y una de ellas sería el TC.
La lideresa de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori cumple prisión preventiva desde el 31 de octubre del 2018 al ser investigada por presunto lavado de activos en modalidad de organización criminal, tras haber recibido presunto dinero ilícito de la constructora Odebrecht.
Su hermana Sachie Fujimori interpuso el 4 de julio de este año un hábeas corpus ante el TC para revertir su medida cautelar y pueda salir libre.
La Corte Suprema decidió a través del recurso constitucional de casación reducir su prisión preventiva de 36 a 18 meses, pero no de dejarla libre por considerar que existen las suficientes evidencias para que continúa con medida cautelar.
Fuente: La República
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