La declaración de un colaborador eficaz ante la fiscal Geovana Mori del equipo especial Lava Jato es clave para conocer el papel que tuvo Nadine Heredia en el proceso de concesión del gasoducto sur peruano (GSP), así como el presunto direccionamiento que habría habido desde Palacio de Gobierno para que Odebrecht ganara la buena pro de la obra, valorizada en más de US$7 mil millones.
El testimonio brindado el 4 de diciembre, en el que se señala que el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama le indicaron al entonces ministro de Economía Miguel Castilla que la constructora brasileña era “la que debería ejecutar el proyecto”.
El colaborador 03-2019 aseguró que a inicios de mayo del 2014, Castilla (hoy con impedimento de salida del país) le comentó a Carlos Paredes, quien era titular del Ministerio de Transportes, que para Heredia y Humala el proyecto del GSP era de “especial trascendencia y que no debía sufrir retrasos en la adjudicación y ejecución” porque querían mostrarlo como la “gran obra” de su gobierno. Castilla y Paredes integraban el consejo directivo de Pro Inversión, a cargo de la concesión del proyecto.
“Castilla le indicó a Carlos Paredes que Ollanta Humala y Nadine Heredia le habían indicado que Odebrecht era la empresa que debería ejecutar el proyecto, pues era la más capacitada y garantizaba que la ejecución se hiciera en los plazos previstos”, detalló, según la declaración.
“[Castilla] indicó que cada vez que se reunía con Heredia le tocaba este tema, por lo que Castilla le pidió a Paredes que había que poner el hombro para darle celeridad al proceso de concesión. Para tal efecto, le adelantó que estaban evaluando cambiar a [Guillermo] Lecarnaqué como presidente del Comité [Pro Seguridad Energética], pues estaba poniendo trabas en el proceso”, agregó.
El colaborador afirmó que para Paredes eran “evidentes las constantes y frecuentes coordinaciones” entre Castilla y Heredia por teléfono y en reuniones en Palacio de Gobierno.
El delator contó que Heredia convocó a su oficina “en varias oportunidades” a Lecarnaqué y a miembros del equipo de consultores contratados por asesorar al comité. Dijo que se habrían borrado las visitas en el registro de Palacio de Gobierno.
La concesión del GSP fue encargada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) a Pro Inversión. El consejo directivo de Pro Inversión lo formaban cuatro ministros, entre ellos Castilla, quien lo dirigía. Los otros eran Paredes, Jorge Merino (Minem) y René Cornejo (Vivienda).
En el caso del GSP, el colaborador precisó que se creó a pedido de Humala un comité especial para que “únicamente” se ocupara de este proyecto, en lugar de asignarlo al que gestionaba los proyectos energéticos. Se denominó Comité Pro Seguridad Energética (CPSE). Guillermo Lecarnaqué fue nombrado presidente.
El 24 de febrero del 2014, Merino renunció a su cargo y fue reemplazado por Eleodoro Mayorga. “Era evidente la tensión entre Humala y Merino, al punto de llamarle la atención en voz alta”, contó el testigo. Afirmó que el exmandatario le pidió que renuncie, a pesar de que este le solicitó que lo dejara concluir la concesión del GSP.
Lecarnaqué, quien había sido propuesto por Merino, renunció después a la presidencia del CPSE. Esta salida dijo el testigo llamó la atención porque faltaba un mes y medio para la presentación de los postores. Según dijo, Mayorga le informó al exfuncionario que recibió “instrucciones ‘de arriba’, refiriéndose a la pareja presidencial y al ministro Castilla, para que le pida su renuncia”.
El pedido de renuncia ocurrió un día después de una reunión incómoda que Lecarnaqué tuvo con Jorge Barata, el exjefe de Odebrecht en el Perú, citado por Mayorga. En esta, el ministro le pidió que “tenga en cuenta determinadas precisiones” para las bases de la licitación.
“Utilizar el nombre de Nadine (en el caso del gasoducto) solo demuestra desesperación por criminalizarla” Ollanta Humala, Expresidente de la República. “A lo que Lecarnaqué respondió que todo se haría de acuerdo a los procedimientos establecidos, respuesta que no agradó a Barata, quien miró en forma reprobatoria a Mayorga”, narró. Mayorga propuso entonces a Edgar Ramírez Cadenillas como el sucesor. “Su designación obedecía a un pedido expreso de Castilla y Mayorga”, contó el colaborador. El CPSE nombrado por Mayorga decidió otorgar la buena pro a Odebrecht.
“En gasoducto sur peruano, Odebrecht ha rechazado actos de corrupción con el Estado”, escribió Humala en su cuenta de Twitter. Dijo que buscan “criminalizar” a la ex primera dama. Sin embargo, la constructora entregó al equipo especial un acta de aceptación de culpabilidad en el caso del gasoducto.
El abogado de Heredia, Jefferson Moreno, rechazó lo declarado por el colaborador y dijo que es un “testigo de oídas”. “No hay ninguna mención directa. Es solo un dicho sin corroborar”, indicó.
Mayorga negó que haya gestionado el cambio del presidente del CPSE. Señaló que por la renuncia de Lecarnaqué, y lo “avanzado” del proyecto, se debía tener “un remplazo calificado sin mayor retraso”.
La asesora de Paredes se negó a declarar, pues el caso está en investigación. Boris Barco, abogado de Merino, reconoció que Humala llamó al exministro a pedirle su renuncia: “Heredia se metía en reuniones, pero él nunca aceptó que lo convocara”.
En una de las declaraciones que dio el exjefe de Odebrecht en el Perú Jorge Barata al equipo especial Lava Jato, en Curitiba, Brasil, confirmó que el ‘codinome’ ‘Magali’ que aparece en las planillas del Sector de Operaciones Estructuradas (o caja 2) fue asignado a Miguel Ángel Ronceros, exabogado de ProInversión que participó en la licitación del gasoducto.
Barata también confirmó que Johnny Brignardello tenía el ‘codinome’ ‘French’ en la caja 2. Contó que Brignardelo ayudaba con el precio al consorcio competidor en el GSP por intermedio de Manlio Alessi y que le pagaron US$1’000.000.
Fuente: RPP
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