La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, enfatizó que no siente ninguna indiferencia frente al caso del múltiple crimen ocurrido el último domingo en el distrito de El Agustino, en el que una madre y tres de sus hijos fueron asesinados por su pareja. Vale precisar que la funcionaria pidió no dar declaraciones a la prensa cuando se retiraba de un oficio religioso celebrado en la Catedral de Lima por Navidad.
“Lamento muchísimo que se haya interpretado de esa manera. Quiero enfatizar que, al contrario, yo vengo trabajando estos temas desde hace muchos años y una de las preocupaciones que tengo es como se trata a la mujer desde el derecho. No era nuestra intención ofender la memoria de las víctimas ni a sus familias. Nosotros estamos convencidos de que se tiene que hacer mucho en este país para ello y en eso estamos. Es una tarea prioritaria”, expresó.
Asimismo, dijo sentirse conmocionada con los hechos. “Nos ha dolido a todos. Nos solidarizamos con esta familia y con todas las que sufren esta situación día a día”, agregó Revilla.
La ministra de Justicia informó que el Gobierno viene atendiendo a la familia de las víctimas y que desde su despacho se brindó apoyo con los defensores de oficio. Añadió que paralelamente el Ministerio del Interior separó a los policías de la comisaría que demoró en la atención del caso y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cubrió todos los gastos de los sepelios.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuenta a nivel nacional con 34 Direcciones Distritales, personal encargado de la atención legal y/o patrocinio a las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, así como 325 defensores públicos que se encuentran preparados y atentos para la atención inmediata.
Resaltó que existe una línea de atención gratuita para la orientación legal denominada “Fono ALEGRA – 1884” y que a fin de fortalecer la prevención secundaria frente a la violencia contra las mujeres, los Servicios de Defensa Pública brindan servicios de patrocinio legal en materia de familia para no exponer a las mujeres a nuevos episodios de violencia.
Fuente: El Comercio
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