La constructora Graña y Montero reconoció que abonó el reembolso de una coima de 12.5 millones de soles para obtener, junto con sus consorciadas ICCGSA y EIVI, la adjudicación de una obra por 476.7 millones de soles, que licitó el organismo Provías Nacional, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
De acuerdo con fuentes relacionadas con la investigación del caso, Graña y Montero suministró abundante documentación al fiscal Germán Juárez Atoche que acredita que la constructora, dentro del esquema conocido como ‘Club de la Construcción’, aceptó pagar e l 2,69% del total del proyecto de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Quinua-San Francisco, tramo 2, en Ayacucho.
A cambio del desembolso del dinero, funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de Provías Nacional simularon una licitación y direccionaron el otorgamiento de la buena pro al mencionado grupo de constructoras, en 2011, en el gobierno de Ollanta Humala.
Graña y Montero aportó evidencia documental que demostraría cómo la empresa encubrió en su contabilidad el monto pagado a los funcionarios gubernamentales y a los operadores externos que participaron en la conspiración.
La empresa ICCGSA fue la que pagó la totalidad del soborno de 37.5 millones de soles y luego esta les cobró mediante la figura de reembolso de 12.5 millones a sus consorciadas Graña y Montero. Según fuentes vinculadas con la investigación, ICCGSA se encargó en este caso de hacer entrega de los fondos a los funcionarios gubernamentales cómplices en el esquema. Esta constructora también sería una de las que negociaría con la fiscalía acogerse a la colaboración eficaz.
Graña y Montero sería la primera compañía constructora implicada en los casos Lava Jato y ‘Club de la Construcción’ en convertirse en colaboradora eficaz, si es que las autoridades homologan la información que ha proporcionado para esclarecer los casos en los que eventualmente exdirectivos o funcionarios de la firma participaron.
En 2017, la nueva administración de Graña y Montero, encabezada por el ingeniero Augusto Baertl, empeñada en transparentar sus acciones y cooperar con las autoridades, inició una auditoría a fondo en busca de evidencia sobre presuntos actos ilícitos que habían sido mencionados por colaboradores eficaces peruanos y brasileños y que salpicaban a la constructora. La búsqueda dio frutos cuando se detectó un millonario pago a una empresa por un servicio que nunca se cumplió. Al profundizar en los documentos, los auditores encontraron que el monto transferido coincidía con la cifra que pagaban como coima los miembros del Club de la Construcción a cambio de la adjudicación de una obra pública de su elección.
Fuentes de la Fiscalía consultadas confirmaron que, efectivamente, como parte de un proceso de solicitud de colaboración eficaz, la nueva administración de Graña y Montero ha proporcionado valiosa información sobre el Club de la Construcción. Los datos implicarían al expresidente de Graña y Montero José Graña Miró Quesada; y al exdirector Hernando Graña Acuña.
Sin entrar en mayores detalles, las fuentes señalaron que, “básicamente, lo que ha entregado la constructora Graña y Montero hasta el momento corrobora lo que han manifestado los colaboradores eficaces sobre el mecanismo de corrupción del ‘Club de la Construcción’.
En efecto, los colaboradores eficaces habían mencionado entre las obras adjudicadas a los integrantes del Club de la Construcción el proyecto de rehabilitación de la carretera Quinua-San Francisco.
“La información entregada por Graña y Montero también corrobora lo dicho por los colaboradores eficaces, respecto a que los hechos se produjeron durante la gestión del exministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes Rodríguez”, señalaron las fuentes.
Uno de los colaboradores eficaces sería el exasesor del MTC Carlos García Alcázar, nombrado precisamente por Paredes el 2 de septiembre de 2011. Poco después, el 23 de noviembre del mismo año Provías Nacional le otorgó el proyecto de la carretera Quinua-San Francisco al consorcio de Graña y Montero, ICCGSA y EIVI.
La República requirió a Graña y Montero información sobre el proceso de entrega de información al fiscal Germán Juárez, en el marco de la solicitud de colaboración eficaz, pero los voceros de la compañía se abstuvieron de responder porque la empresa se encuentra está obligada a la reserva por las autoridades del Ministerio Público.
El segundo colaborador eficaz, el operador Rodolfo Prialé de la Peña, admitió que el intermediario con el exministro Carlos Paredes Rodríguez era su hermano José Paredes Rodríguez. Supuestamente, las constructoras pagaban los sobornos a Rodolfo Prialé y este comunicaba a los hermanos Paredes qué obra era la que querían.
Pero para que funcionara el esquema de corrupción, era necesaria la participación de los funcionarios de Provías Nacional y de los Comités de Licitación, quienes recibían la orden de beneficiar a determinada empresa o consorcio. Los documentos suministrados por Graña y Montero así lo demuestran, expresaron las fuentes allegadas a la investigación.
roceso de licitación que terminó por beneficiar al Consorcio Vial Quinua, el director ejecutivo de Provías Nacional era Raúl Torres Trujillo, y los miembros del Comité de Licitación fueron Roberto Salinas Álvarez, Renato Caballero La Rosa y Selvi Ruberto Vargas. Todos se encuentran bajo investigación fiscal.
El 23 de noviembre de 2011, firmaron contrato por el Consorcio Vial Quinua, José Jordán Morales, representante de ICCGSA, y el titular de Provías Nacional, Raúl Torres Trujillo.
Las fuentes indicaron que Graña y Montero, en una confirmación de su compromiso con las autoridades para identificar a los responsables de los hechos señalados como actos de corrupción, también aportará toda la información que encuentre sobre otros proyectos que no fueron parte de la repartija del Club de la Construcción. Entre ellos se mencionaron IIRSA Sur tramos 2 y 3, y el Tren de Lima, tramos 1 y 2.
“En estos casos la empresa ha detectado el mismo patrón que lo sucedido con el Club de la Construcción, pero todavía no documenta suficientemente cómo se hicieron los reembolsos. Es decir, cómo se encubrió el pago de los sobornos”, explicaron las fuentes: “Hasta el momneto no se ha encontrado suficiente
“Además de corroborar las declaraciones de los colaboradores eficaces, la información que ha entregado Graña y Montero ha permitido identificar a otras personas y otros hechos. También se debe mencionar que la empresa está a disposición y responde a los pedidos de documentación”, indicaron las fuentes.
Fuente: La República
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