La ordenanza regional que declaró inviable el proyecto Conga, aprobada por el Gobierno Regional de Cajamarca que encabeza Gregorio Santos, podría derivar en una denuncia penal contra sus autores.
El ex decano del Colegio de Abogados de Lima Walter Gutiérrez explicó que Santos y los funcionarios regionales habrían violado el artículo 361 del Código Penal, el cual señala que quien ejerce funciones correspondientes a un cargo diferente al que tiene incurre en delito de usurpación de funciones.
El abogado indicó que Santos no tiene competencias para dar normas de alcance nacional. Añadió que los recursos naturales son propiedad del Estado; por lo tanto, la autoridad regional se habría adjudicado competencias que no le corresponden.
Recordó que el presidente regional cajamarquino habría cometido anteriormente el delito de extorsión, pues promovió un paro que afectó los servicios básicos y el libre tránsito.
Gutiérrez opinó que la fiscalía debería denunciar a Santos por estos hechos, pero dijo que este caso debe verse en la jurisdicción nacional, pues los fiscales de Cajamarca pueden verse sometidos a una enorme presión.
Por su parte, la ex ministra de Justicia Rosario Fernández señaló que toda ordenanza regional está sujeta siempre al examen de constitucionalidad. Refirió que “el Ejecutivo tiene un largo entrenamiento en esas denuncias de inconstitucionalidad ante el TC”, rememorando las denuncias presentadas contra los gobiernos regionales de Cusco y Huánuco en el 2005 por haber legalizado los cultivos de hoja de coca.
El abogado Mario Amoretti señaló que, si el TC resuelve que no está dentro de las facultades de Santos dictar este tipo de normas, puede ser denunciado penalmente.
Fuente: El Comercio
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