Denuncia Constitucional contra fujimoristas viajeros

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Los congresistas de Fuerza Popular viajaron a Cajamarca, Tarapoto y Puno, entre el 2013 y 2015, para participar de los mítines que dio Keiko en esas ciudades. Lo hicieron con pasajes pagados por el Parlamento.

La revelación sobre viajes de legisladores fujimoristas a Cajamarca (2013) y Tarapoto (2014) con pasajes del Congreso causó revuelo en la bancada de Fuerza Popular. Ahora los congresistas involucrados no solo deberán enfrentar un nuevo pedido de investigación ante la Comisión de Ética, sino también un proceso ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El parlamentario de Perú Posible Rennán Espinoza presentó ayer una denuncia constitucional contra los fujimoristas Juan José Díaz Dios, Rolando Reátegui, Freddy Sarmiento, Alejandro Aguinaga y Rofilio Neyra por el viaje realizado a Puno en marzo del presente año. La acusación es por el presunto delito de peculado, contemplado en el artículo 387 del Código Penal, en agravio del patrimonio del Estado.

La denuncia sustenta como antecedentes el Acuerdo de la Mesa Directiva N° 059-2012-2013, del 5 de setiembre del 2012, el cual señala que a los parlamentarios se les otorga 48 pasajes anuales por vía aérea a cualquier parte del país para el mejor desempeño de la “función congresal”. Luego, se menciona el informe en que se destapó el viaje de seis legisladores a Puno para participar en un mitin de Keiko Fujimori.

En ese sentido, se resalta que otros diez congresistas que también participaron en la celebración de Fuerza Popular en Puno pagaron sus pasajes.

En tanto, el presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lay, pedirá que se investigue de oficio en ese grupo a todos los congresistas fujimoristas que utilizaron dinero del Congreso para viajar a los mítines de la lideresa de su partido. Señaló que uno de los motivos para volver a debatir el tema es que han aparecido otros casos.

A su vez, el procurador anticorrupción Joel Segura anunció que si el Congreso no efectúa el camino de la denuncia constitucional, su despacho tomará cartas en el asunto. “Si se deja este caso en una suerte de impunidad absoluta, debemos tomar acciones”, advirtió Segura.

Fuente: El Comercio

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