Carlos Ramos Heredia juró como fiscal de la Nación

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Carlos Ramos Heredia juró como nuevo titular del Ministerio Público en medio de cuestionamientos por su performance en el Caso La Centralita, en el que a través de un informe sugirió la suspensión de cuatro magistrados que intervinieron dicho inmueble en Chimbote donde presuntamente funcionaba un central de espionaje.

A raíz de esta y otras críticas, Ramos Heredia dio una serie de entrevistas a diferentes medios en los últimos días en la búsqueda de una “limpieza mediática. Anoche, en el programa “Agenda Política”, descartó tener alguna filiación partidaria, y aseguró que desempeñará sus funciones con imparcialidad e independencia.

“Soy una persona imparcial, independiente; no estoy en ningún grupo político, no tengo filiación partidaria ni compromiso absolutamente con nadie, solo con la Constitución y la ley”, manifestó.

También indicó que las acusaciones que pesan en su contra, obedecen al “temor y la preocupación” que algunos sectores sienten por el hecho de que una persona “no manejable” asuma el máximo cargo del Ministerio Público.

Añadió que a lo largo de su carrera profesional dentro de la institución investigó muchos casos que involucraron a políticos, militares y empresarios, procesos en los cuales –dijo- demostró “absoluta independencia”.

Según indicó, esa labor indagatoria también abarcó a fiscales, incluyendo a los acusados por recibir US$ 10.000 mensuales de parte del ahora desactivado Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

“El llegar a un cargo tan alto genera temores y preocupaciones; la Fiscalía de la Nación tiene poder y voy a ejercer el cargo sin que me tiemble la mano cuando se trate de un funcionario de alto nivel”, manifestó al recordar que tendrá facultades para investigar a los más connotados dignatarios del Estado.

Respecto a los cuestionamientos a su elección como fiscal de la Nación, descartó que forme parte de un complot, y aseguró que el proceso se llevó a cabo conforme a lo señalado por la Constitución y la ley.

Fuente: El Comercio

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