Biografía de Alberto Fujimori Fujimori

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Alberto Kenya Fujimori Fujimori nació en Lima, siendo hijo de Naoichi Fujimori y Mutsue Fujimori, ambos nativos de la prefectura japonesa de Kumamoto, quienes viajaron al Perú en busca de trabajo y mejores condiciones de vida en 1934. Sus padres, apelaron al consulado japonés de ese entonces para registrar a sus hijos en el Koseki familiar que después le permitiría a Alberto obtener la ciudadanía japonesa.

Fujimori obtuvo su educación primaria en el Colegio Nuestra Señora de la Merced, La Rectora, graduándose luego de La Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte en Lima. Cursó sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional Agraria La Molina en 1957, graduándose en 1961 como el primero de su clase en la carrera profesional de ingeniería agrícola.

En 1964 estudió física pura en la Universidad de Estrasburgo en Francia, posteriormente obtuvo un posgrado en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee en los Estados Unidos que le otorgó el grado de máster en ciencias matemáticas en 1969.

Ingresó en la Universidad Nacional Agraria donde llegó a desempeñar el cargo de decano de la facultad de Ciencias de la misma. En 1984 fue elegido rector, cargo que ocupó hasta 1989. En 1987, Fujimori también fue dos veces presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. También fue anfitrión de un programa de televisión llamado “Concertando” desde 1987 hasta 1989, que era transmitido por el canal de emisión nacional de televisión del Perú (Televisión Nacional del Perú).

Fujimori postuló a la presidencia en las elecciones de ese año al frente de la agrupación Cambio 90, que había creado el año anterior. Su candidatura fue apoyada al principio por sectores marginales de la sociedad peruana, los informales y algunos grupos de las iglesias evangélicas, que hacían su ingreso en la vida política peruana.

Fujimori obtuvo un 20% de los votos en la primera vuelta en abril de 1990, pasando a segunda vuelta contra el escritor Mario Vargas Llosa; quien lideraba el Frente Democrático (Fredemo), que agrupaba a los principales partidos de derecha del Perú; y ganando al candidato del gobierno aprista, Luis Alva Castro.

En la segunda vuelta electoral Fujimori recibió el apoyo de varios grupos de izquierda y el respaldo implícito del gobierno aprista de Alan García. Asimismo una serie de asesores, entre ellos el abogado y ex capitán Vladimiro Montesinos empezaron a trabajar en su campaña. El 8 de junio Fujimori venció a Mario Vargas Llosa con el 60% de los votos.

Fujimori inició su gobierno el 28 de julio de 1990. Pronto se desvinculó de los grupos evangélicos e informales que lo habían apoyado inicialmente y, debido a la falta de cuadros gubernamentales, su política de gobierno dependió de la asesoría del gobierno de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que enviaron a varios técnicos peruanos para aplicar sus planes. Es en estas circunstancias que su asesor, el ex capitán Vladimiro Montesinos, empieza a ocupar un rol preponderante en su gobierno.

Los principales hechos del primer gobierno fueron la disolución del Congreso, la aprobación de una nueva Constitución en 1993, la derrota de los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru), que puso fin a un largo conflicto interno, y las reformas económicas introducidas en la economía para su recuperación.

La oposición en el Congreso de la República revisaba exhaustivamente el paquete de decretos legislativos expedidos por el Ejecutivo durante los tres períodos sucesivos de delegación de facultades legislativas dadas por el Legislativo y, además, se encontraba molesta porque el presidente había observado más de diez autógrafas de ley dadas por el Legislativo.[10] Ante la negativa del Congreso para concederle amplios poderes para legislar sin fiscalización en temas económicos y de política antisubversiva; y alegando una falta de cooperación tanto del APRA como del FREDEMO, Fujimori, haciendo uso de la violencia[11] decidió, el 5 de abril de 1992, disolver el Congreso de la República y suspender las actividades del Poder Judicial, hecho que elevó sus niveles de popularidad sobre el 80 %.[cita requerida] Este acto, denominado popularmente como autogolpe, fue apoyado por las fuerzas armadas y causó la llamada crisis constitucional de 1992.

El 13 de noviembre de 1992, el general de división EP Jaime Salinas Sedó lideró, junto con un grupo de militares del Ejército del Perú, un intento por restablecer el orden democrático, quebrado después del autogolpe. Cuando los militares se alzaron contra Fujimori, éste buscó rápidamente refugio en la embajada del Japón y denunció la medida como un intento de asesinarlo. La acción fue controlada y sus líderes encarcelados.

Fujimori inició entonces un gobierno de emergencia al que se bautizó como Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, que fue tildado como autoritario.[cita requerida] Ese mismo año convocó elecciones para un Congreso Constituyente Democrático que sancionaría tras ser aprobada en referéndum la Constitución de 1993, que trajo cambios en el funcionamiento del estado, dándole más poder al Presidente y recortando los poderes del Congreso; además de reducir el poder fiscalizador del estado en diferentes áreas. Esta constitución fue aprobada mediante el referéndum de 1993 contando a favor el 52,24% de los votos válidos.

En los inicios de su gobierno tuvo lugar una intensa campaña de atentados terroristas de Sendero Luminoso (maoístas) (que en el campo empezaba a tener serios reveses en su guerra contra el Estado) y, en menor medida, del MRTA (guevaristas). En Lima, la explosión de un autobomba el 16 de julio de 1992 en la calle Tarata, en el distrito de Miraflores, sería la acción más sangrienta que marcaría este periodo.

Hubo asimismo actos de violencia relacionados con la represión estatal y graves violaciones a los derechos humanos. En diciembre de 1991, ocurrió la masacre de los Barrios Altos, en que fueron asesinadas 15 personas; y en julio de 1992 tuvo lugar el asesinato de 9 alumnos y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta). Estas acciones fueron llevadas a cabo por el Grupo Colina, escuadrón de la muerte que funcionó durante estos años, como parte de una guerra sucia contra posibles miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso.

Las acciones de los servicios de inteligencia, combinadas con la organización de milicias rurales en el campo, consiguieron dar golpes cada vez más duros al terrorismo. En julio de 1992 se logró la captura de Víctor Polay Campos, líder del MRTA. El 12 de septiembre se asestó el golpe decisivo al terrorismo. En esa fecha la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE), dirigida por el coronel de policía Ketín Vidal logró capturar pacíficamente a Abimael Guzmán, jefe del grupo terrorista Sendero Luminoso, quien pretendía establecer un régimen maoísta en el Perú, junto con varios miembros del comité central de la organización. Tras esto, Sendero Luminoso entró en un franco retroceso y en pocos años había quedado reducido a columnas en la selva alta peruana, sin representar ninguna amenaza real. De esta forma se puso fin a una década de terror de esta organización y el Perú retornó a la paz interna.

Durante el primer periodo de su gobierno, siguiendo los consejos del Fondo Monetario Internacional (FMI) (y contrario a lo que había prometido como candidato) aplicó una reestructuración de precios llamada Shock que permitió controlar la inflación, pero que provocó la devaluación de los salarios de la mayoría de la población. Asimismo, cambió la moneda al actual Nuevo Sol.

Su política económica se centró en la aplicación de conceptos neoliberales y de libre mercado. Si bien llegó a estabilizar la vida económica y permitió la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional, así como la privatización de las compañías del Estado a manos extranjeras, también ocasionó despidos masivos de obreros y empleados públicos, así como la supresión de las protecciones a la ineficiente industria nacional–lo cual llevó a su quiebra y a altos índices de desempleo. En consecuencia, se redujo al mínimo la actividad sindical y aumentó la actividad económica informal. Por otro lado, la reducción del Estado y la liberalización de la economía nacional fomentaron la inversión extranjera. Como resultado, en 1994 la economía peruana creció un 13%.

Debido a la reforma constitucional de 1993 Fujimori pudo presentarse a la reelección en 1995, venciendo con un 64% de los votos al ex Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar.

A partir de diciembre de 1996 Fujimori enfrentó la llamada crisis de los rehenes, que sería la última gran acción terrorista que vivió el Perú.

El 17 de diciembre de 1996, 14 integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), liderados por el ex sindicalista Néstor Cerpa Cartolini tomaron como rehenes a 600 personas, pertenecientes a lo más alto de la vida política, social y económica peruana, lo cual sucedió en la residencia del Embajador del Japón.

La crisis concitó en las siguientes semanas y meses la atención internacional. Los secuestradores exigían la liberación de varios presos del MRTA. La Santa Sede envió como negociador a Juan Luis Cipriani, a la sazón arzobispo de Ayacucho, y se consiguió la liberación de la mayoría de los rehenes, quedando solamente 72 de ellos. La Cruz Roja Internacional fue aceptada por los miembros del MRTA como organización competente para garantizar la alimentación y los cuidados de salud de los rehenes.

La crisis finalizó en abril de 1997, cuando fueron liberados 71 de los 72 rehenes que todavía se mantenían cautivos en un operativo militar denominado Chavín de Huántar, durante el cual un comando del ejército ingresó a la residencia por túneles subterráneos especialmente construidos para el efecto. Los sucesos fueron transmitidos desde su inicio en vivo y en directo en el Perú y en varios países del mundo vía CNN y otras cadenas de televisión extranjeras. En la operación se informó que habían muerto dos comandos, un rehén y los 14 terroristas, algunos de los cuales, según varios testigos, fueron asesinados a pesar de haber sido capturados vivos. Fujimori usó el éxito de la operación para consolidar su apoyo entre la población en un momento en que comenzaban a aparecer crecientes denuncias de corrupción.

En el año 1996 Fujimori inició maniobras legales para presentarse por tercera vez como candidato, desatando la controversia política en torno a la Constitución al promulgar una ley denominada de Interpretación Auténtica de la Constitución, en la que se facultaba a sí mismo para presentarse por tercera vez a la presidencia. El argumento de esta ley señalaba que si bien el artículo 112ª indicaba que el presidente puede ser reelegido sólo para un periodo inmediato o después de transcurrido otro período constitucional, la elección de Fujimori el año 1990 no contaba porque no se encontraba vigente la Constitución de 1993 sino la de 1979. En ese sentido, Fujimori argumentó que sólo se había presentado como candidato una vez (1995), por lo que en el año 2000 se daría su segunda postulación.

El Tribunal Constitucional, dividido ante esta controversia, intentó sancionar acerca de la constitucionalidad de esta ley, lo que motivó que el Congreso de la República, de mayoría fujimorista, destituyera a tres de sus miembros. Estas circunstancias determinaron el inicio de protestas estudiantiles, sindicales, y de numerosos grupos de la sociedad civil.

Desde 1992, se le acusa a Fujimori de iniciar una política de intervención en los canales de televisión y periódicos para obtener el apoyo de éstos para su gobierno y el ocultamiento de actos de corrupción. De esta forma se sobornó a varios de los directores de los principales medios de comunicación del país, con lo cual éstos fueron casi siempre favorables al régimen. A cargo de esta política estuvo el asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, quien sería el hombre fuerte del gobierno desde las sombras.

Se denunciaron varios casos de amenazas y amedrentamiento de periodistas. Los más críticos al gobierno, como César Hildebrandt, fueron despedidos e incluso se denunciaron planes para el asesinato de éstos, con el nombre de Plan Narval. En mayo de 1997 al ciudadano israelí, nacionalizado peruano, Baruch Ivcher, director del canal Frecuencia Latina, hasta entonces cercano al gobierno, se le retiró la nacionalidad peruana (en 2007, la revista Caretas publicó evidencias de que este retiro de nacionalidad no era ilegal). Además Ivcher fue forzado a abandonar el país, por su oposición al cese de los miembros del Tribunal Constitucional.

A inicios de 1995 se produjo un conflicto armado con el Ecuador por la región fronteriza nororiental conocida como Cordillera del Cóndor. En marzo de ese año se firmó un alto al fuego en el palacio presidencial de Itamaraty en Brasilia. En los siguientes años se vivió una situación bastante tensa en las relaciones entre Perú y el Ecuador. Tras la llegada a la presidencia ecuatoriana de Jamil Mahuad en agosto de 1998, se iniciaron negociaciones con el Ecuador para obtener una solución definitiva al conflicto.

En octubre de 1998 se firmó el Acta de Brasilia, en la cual el Ecuador y el Perú aceptaron la fijación de la frontera en un tramo de 78 kilómetros en acuerdo a un dictamen de los garantes del Protocolo de Rio de Janeiro. En un acto simbólico, el Perú cedió al Ecuador como propiedad privada (es decir, sin ninguna soberanía) un kilómetro cuadrado de terreno donde se encuentra Tiwinza. El tratado trajo la oposición de varios miembros del gobierno y de la cúpula militar, que tuvo que ser reorganizada a raíz de esto. Asimismo, la oposición denunció un manejo manipulativo y poco sincero del conflicto con Ecuador.

A partir de finales de los 90, el gobierno de Fujimori enfrentó una creciente impopularidad mientras se descubrían numerosos casos de corrupción, retornaban las dificultades económicas y se hacían patentes las intenciones de éste de perpetuarse en el poder. En septiembre de 1998, el congreso (en el que los partidarios de Fujimori tenían la mayoría absoluta) desestimó el pedido de nulidad de la Ley de Interpretación Auténtica.

Fujimori se presentó como candidato para las elecciones generales del 2000 sin renunciar previamente a su investidura de Presidente de la República. Tras una campaña proselitista empañada de acusaciones de fraude, tienen lugar en abril las elecciones, en las cuales surgió sorpresivamente el economista Alejandro Toledo, líder del movimiento político Perú Posible, que aglutinó en torno suyo a los grupos de oposición.

Durante la primera vuelta, Fujimori superó a su rival Alejandro Toledo quien se negó a participar en la segunda vuelta electoral (sin presentar nunca su renuncia oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones) y llamó a la población a votar en blanco en ésta, que tuvo lugar en mayo y en la que esta opción alcanzó el 17% de los votos. A raíz de la victoria de Fujimori, sus detractores incitaron protestas y el 28 de julio, durante la toma de posesión de Fujimori, tuvo lugar la Marcha de los cuatro suyos dirigida por Alejandro Toledo. Durante la marcha, se denunció la infiltración de matones para desorganizarla y ocurrió el incendio de una sede del Banco de la Nación, en el cual murieron 6 de sus empleados. Se especuló que el gobierno había ordenado iniciar el incendio, ya que las instalaciones se desplomaron por completo a pesar de ser de material noble, y en los enfretamientos entre los vehículos policiales y los manifestantes no se manifestó el poder destructivo como para destruir un edificio al punto que quedó el del Banco de la Nación.

Poco después de su elección en el 2000, y a través de la compra de un vídeo por parte de grupos opositores, salieron a la luz el 14 de septiembre de ese año, evidencias de los actos de corrupción efectuados durante su gobierno por Montesinos, su más leal asesor. Fue mediante vídeos de cámara oculta que Montesinos ordenaba grabar y en los que aparecía sobornando a miembros de otros partidos para que apoyasen a Fujimori. En ese momento estalló la última crisis de su gobierno: Fujimori se vio obligado a convocar el 17 de septiembre a nuevas elecciones generales, tanto para la elección de un presidente como de un nuevo congreso de la República. En estas elecciones, señaló, no participaría activamente como candidato.

Fujimori cesó a Montesinos de su cargo formal como asesor, agradeciéndole por los servicios prestados, en un acto que provocó indignación en muchos ciudadanos. Además Fujimori entregó 15 millones de dólares a Montesinos como indemnización. Poco después, Montesinos viajó a Panamá buscando un asilo político que nunca fue concedido. El 23 de octubre regresó sorpresivamente, lo que desató un nuevo escándalo. El 29 de octubre Montesinos volvía a salir furtivamente del país, a bordo del velero “Carisma”, llegando a recalar finalmente en Venezuela de incógnito.

En medio del caos político y la inestabilidad de su presidencia, Fujimori viajó el 13 de noviembre a la reunión del APEC en Brunéi, Asia, en su condición de Presidente del Perú. Al finalizar esta conferencia, sorpresivamente viajó a Japón. Ante el temor de que fuera denunciado penalmente por los actos de corrupción de su gobierno y alegando falta explícita de garantías para su integridad física; Fujimori, desde Tokio, remitió por fax al Congreso de la República, su renuncia formal y luego, envió un mensaje a sus partidarios, anunciándoles que renunciaba a la Presidencia de la República.

Ante lo insólito del hecho y los diversos escándalos al interior del régimen descubiertos, el Congreso de la República decidió rechazar la renuncia y declarar vacante la Presidencia de la República aduciendo “incapacidad moral permanente y lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años.

El presidente de la Comisión del Congreso, José Ugaz, solicitó y obtuvo que se congelasen las cuentas del clan Fujimori en el extranjero: 140 millones de dólares en Suiza, 64 en las islas Caimán, 20 en Estados Unidos y unos 4 millones en otros países; así como 18 millones en el propio Perú. [18]

Desde el momento de su renuncia y hasta su posterior detención en Chile, Fujimori residió en Japón y le fue reconocida la nacionalidad japonesa en su condición de hijo de padres japoneses.

El nuevo gobierno peruano, trasladó al Japón el pedido de las autoridades judiciales peruanas solicitando la extradición de Fujimori, pero el gobierno nipón protegió hasta el final al ex presidente. Japón nunca se pronunció sobre los cuadernillos de extradición, a cargo de las autoridades peruanas; situación que se mantuvo hasta que Fujimori viajó a Chile. Sin embargo, pese a que Japón nunca se pronunció oficialmente, es conocido que la legislación japonesa prohíbe la extradición de sus ciudadanos a terceros países. La Fiscal de la Nación, de ese entonces, Nelly Calderón Navarro insistió sobre la necesidad de que Japón extradite a Fujimori, y dijo que en caso contrario se recurriría a la Corte Internacional de Justicia.

El Canciller del Perú, el 14 de marzo de 2005, durante su intervención ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, señaló: “El Gobierno del Perú reitera su invocación al Gobierno del Japón para que contribuya al acceso a la justicia, autorizando la extradición del ex presidente Alberto Fujimori.” Desde su impuesto autoexilio, Alberto Fujimori sostuvo que todo el proceso seguido en su contra se debía a una venganza política, con acusaciones basadas en relatos de terceros, que no han aportado pruebas objetivas en contra suya.

En el 2005, tras negociaciones con los dirigentes de los partidos fujimoristas se concreto una nueva alianza entre Nueva Mayoría y Cambio 90 denominada Alianza por el Futuro e invita a participar al Movimiento Sí Cumple- Vamos Vecino, que no había podido inscribir la candidatura del propio Fujimori, con lo cual se entendió que presentar ambas candidaturas fue una estrategía para intentar una nueva candidatura de Fujimori a la presidencia de Perú. En las elecciones generales de 2006, Martha Chávez fue la candidata presidencial, obteniendo casi un millón de votos a nivel nacional, equivalente al 10% del total de votos según los resultados de la ONPE, dicha alianza tambien colocó a 13 congresistas, siendo elegida la hija mayor de Fujimori, Keiko Fujimori congresista con la más alta votación de dicha elección.

El 6 de noviembre de 2005 Fujimori llegó a Santiago de Chile procedente de Tokio, a bordo de un vuelo privado, habiendo ingresado a este país con pasaporte peruano (con lo cual escogió utilizar la peruana como nacionalidad activa y la japonesa como nacionalidad pasiva). Al día siguiente fue detenido por orden de un ministro de la Corte Suprema chilena, que emitió un auto de detención previa contra él, luego de un requerimiento de la Embajada del Perú en Chile (causa Rol Nº 5646-2005).

Mientras tanto, en Lima, se convocó a un Consejo de Ministros urgente para evaluar la nueva situación presentada tan de improviso, que fue presidido por el presidente Alejandro Toledo, que tomó la decisión de enviar una comisión a la capital chilena, a fin de iniciar los trámites de extradición de Fujimori al Perú, para que fuere procesado por los delitos que se le imputa haber cometido, entre los años 1990 y 2000.

Previo a su llegada a Chile, Fujimori habría pasado por Tijuana (México), pero no se le detuvo, hecho que posteriormente produciría el despido del jefe de la sección de Interpol en Tijuana. Carlos Abascal, secretario de Gobernación (Interior) mexicano, explicó que había sido imposible su detención porque no había una orden de extradición por parte del gobierno peruano, después se dijo que Fujimori había usado su pasaporte japonés, y que la orden emitida por la Interpol estaba basada en los datos contenidos en su pasaporte peruano. Lo mismo ocurrió con el Jefe de la Interpol Perú, quien no respondió las llamadas de la Interpol Chile.

El proceso de extradición al Perú se inició formalmente el 6 de enero de 2006, mediante una solicitud presentada por la Embajada del Perú en Chile ante la Corte Suprema chilena. Tras su detención, a partir del 7 de noviembre de 2005 y hasta el 18 de mayo de 2006, Fujimori estuvo detenido en la Escuela de Gendarmería de Chile.

El 18 de mayo de 2006, la Corte Suprema de Chile otorgó la libertad bajo fianza a Fujimori, tras haber permanecido detenido más de medio año, aunque con una orden de arraigo que le impedía salir de territorio chileno mientras se desarrolle el procedimiento.

Estando a la espera del fallo sobre la extradición y teniendo la nacionalidad japonesa en calidad de pasiva, Fujimori, decidió aceptar postular como candidato al Senado del Japón, por la agrupación política de extrema derecha llamada Kokumin Shintō (japonés: “Nuevo Partido del Pueblo“). Las elecciones se realizaron el 29 de julio de 2007 y resultó un fracaso total para el candidato Fujimori, quien no fue elegido.

El 11 de julio de 2007, el ministro de Corte Suprema de Chile, y juez de la causa contra Fujimori, Orlando Álvarez rechazó el pedido de extradición solicitado por el Estado peruano, fundado en que los delitos no estarían suficientemente acreditados.Ante ello, el Gobierno del Perú presentó un recurso de apelación ante la misma Corte Suprema, cuyo conocimiento y resolución corresponde a la sala penal (Rol Nº 3744-2007). En agosto del mismo año, se decretó el arresto domiciliario, tras una petición de un representante del Perú.

En la mañana del 21 de septiembre de 2007, Alberto Chaigneau, presidente de la segunda sala (Sala Penal) de la Corte Suprema Chilena, anunció que se había acogido la solicitud de extradición de Fujimori, tras un mes desde los alegatos finales de las partes ante el tribunal.[24] Chaigneau informó que 7 de las 13 acusaciones por delitos presentados contra Fujimori fueron aprobadas: cinco por casos de corrupción, cuya votación fue dividida y aprobada por mayoría; y dos por faltas a los derechos humanos (lesa humanidad), aprobados por unanimidad.[25] La sentencia de la Corte Suprema de Chile, fechada el 21 de septiembre de 2007, consta de 212 páginas.[26] [27]

El 22 de septiembre de 2007, Alberto Fujimori es extraditado al Perú, por decisión de la Corte Suprema de Chile, para responder por diversas acusaciones ante la justicia peruana. El avión que lo transportó primero aterrizó a las 13.20 horas en Tacna, luego lo hizo a las 16.40 horas en la Base Aérea de Las Palmas de Surco, en Lima. Posteriormente fue trasladado y recluido en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional del Perú. Poco después se inició el primer juicio contra el acusado Fujimori, por el allanamiento ilegal, a fines de su gobierno, a la casa de su asesor Vladimiro Montesinos, que se hizo usurpando la autoridad del poder judicial.

El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José Antonio García Belaúnde, aseguró que el Gobierno no se prestará a un espectáculo mediático mientras dure el juicio al que será sometido Alberto Fujimori.[28]

El 10 de diciembre de 2007 se inició en Lima el juicio contra Alberto Fujimori por los sucesos denominados masacres de “Barrios Altos”, y “La Cantuta” así como por los delitos cometidos en el “Sótanos del SIE”, Servicio de Inteligencia Nacional.

El 11 de diciembre de 2007 la Sala Penal Especial, presidida por César San Martín Castro, condenó en primera instancia a Alberto Fujimori Fujimori a seis años de pena privativa de la libertad y dos años adicionales por el delito de usurpación de funciones y abuso de autoridad por haber participado en calidad de inductor en el allanamiento de la residencia de Trinidad Becerra (ex esposa de Vladimiro Montesinos). De acuerdo a la sentencia el inculpado Fujimori no podrá ejercer ningún cargo público y deberá pagar una reparación de 400.000 soles. El 8 de abril de 2009, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema reafirmó la sentencia, desestimando el pedido que presentó el ex mandatario para que se anule el fallo.[29]

El 7 de abril de 2009, fue condenado a veinticinco años de pena privativa de la libertad como “autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en agravio de los estudiantes de La Cantuta y el caso Barrios Altos”.[30] Asimismo, el Tribunal lo halló culpable por secuestro agravado, bajo la circunstancia agravante de trato cruel, en agravio del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia. La Sala Penal Especial determinó que la condena vencerá el 10 de febrero de 2032.[31]

El 20 de julio de 2009, la Corte Suprema del Perú condenó a Fujimori a otros 7 años y medio de cárcel al ser encontrado culpable de “peculado doloso, apropición de fondos y falsedad ideológica en agravio del Estado”. Fujimori admitió haber entregado 15 millones de dólares a su ex asesor Vladimiro Montesinos de fondos del Tesoro Público, aunque alegó que lo hizo para evitar que Montesisnos diera un golpe de estado y que el dinero fue posteriormente devuelto. Sin embargo al no poder probar el origen del dinero devuelto (cuyos billetes eran de diferente denominación) y ante la aparente apatía de Fujimori en evitar la fuga de Montesinos, la Corte determinó que Fujimori cometió otros dos hechos punibles: facilitar la fuga de Montesinos y devolver una cantidad inexplicable. La Sala descartó de plano las dos atenuantes de la defensa: la restitución tardía del monto y el soborno a Vladimiro Montesinos para desactivar un supuesto complot.

El 2 de enero de 2010, fue confirmada la sentencia a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos. De acuerdo con la ley vigente, Fujimori no podrá ser indultado.

 

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One Comment

  1. onde xuxa swe vota mi papa
    ta
    k me pide onde votar i noc
    x favor
    diganme

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