El titular del 16 Juzgado Penal de Lima, Abel Concha, abrira investigación preparatoria contra el expresidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp por el delito de lavado de activos.
Luego de tres años de investigación fiscal, el exmandatario deberá sentarse en el banquillo de los acusados para responder sobre la procedencia del dinero con los cuales su suegra, Eva Fernenbug, adquirió bienes inmobiliarios por el valor de 5 millones de dólares.
Como se recuerda, en enero del 2013, Fernenbug adquirió una mansión en Las Casuarinas por la que pagó 4 millones de dólares con dinero proveniente de la empresa Ecoteva Consulting Group.
Luego de ello, también se conoció que Fernenbug había adquirido una oficina y depósitos en la Torre Omega, ubicada en Surco.
Junto a Toledo también deberán responder judicialmente su amigo Josef Maiman, Avi Dan On y el hijo de este, Shai Dan On.
También se comprendió en el juicio a las empresas Ecoteva Consulting Group, Ecostate Consulting Group y Ashdan Consulting. Todas ellas constituidas en Costa Rica.
Sin embargo, el magistrado se reservó el derecho de incluir en el proceso a la suegra de Toledo, debido a un hábeas corpus que la ciudadana belga tiene a su favor y que fue dictado por el 47 Juzgado Penal de Lima.
En una sesión maratónica, el juez Concha explicó en su resolución que “existen fundados elementos” que permiten intuir que el dinero con el que se compró los inmuebles no ha sido sustentado debidamente. Sobre todo, los $9 millones 52 mil 650, que fueron remitidos de la empresa Confiado Internacional Corp, a las empresas que han sido comprendidas en el proceso.
Así, el magistrado considera pertinente ahondar en la teoría propuesta por la titular de la Primera Fiscalía para casos de Lavado de Activos, Manuela Villar, en la que imputaba a Toledo y al resto de procesados haber querido blanquear el dinero ilícito que el exmandatario recibió por actos de corrupción cuando fue presidente de la República entre el periodo 2001-2006.
Entre las ocho fuentes de dinero estarían millonarias coimas pagadas por las empresas Odebrecht y Camargo y Correa, así como dinero ilícito proveniente del favorecimiento a dichas empresas en la construcción del corredor vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, y que se desprende del caso “Castillo de Arena”, en Brasil.
Fuente: Correo
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