Alejandro Toledo presentó un pedido para que el caso sea archivado. Sin embargo, dicha solicitud ya fue rechazada.
Toledo había argumentado, según informa Correo, que el proceso preliminar que le inició el Ministerio Público “atenta contra sus derechos fundamentales” y “garantías constitucionales”, pues ni él ni su suegra –en la lupa por sus millonarias compras inmobiliarias– ocupan un cargo público.
El líder de Perú Posible consideró la indagación es “un acto lesivo” también alegaba que no le asiste el antejuicio, porque ya pasaron los cinco años establecidos para que el despacho del fiscal de la Nación lo investigue.
Pese a todos estos argumentos, el fiscal de la Nación, José Peláez, rechazó el pedido al afirmar que la Constitución respalda la investigación contra el peruposibilista.
Y es que el artículo 41 de la Carta Magna señala que “cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial”.
Además, el fiscal de la Nación sostuvo que pese a ya pasaron los cincos años del antejuicio, existe la “naturaleza ultratemporal del delito de enriquecimiento ilícito”, porque existe la sospecha de que los fondos utilizados para la compra de los dos inmuebles de Fernenbug provienen del tiempo en que Toledo fue mandatario.
Fuente: Perú21
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